Aviso legal y condiciones de uso

Última actualización: julio de 2026

1. Titular del sitio

radarvut.com es un servicio de Pow Partners S.A., con NIF A87989042 y domicilio en Calle Apolonio Morales 21, 28046 Madrid, España. Contacto: hola@radarvut.com.

2. Qué es RadarVUT (y qué no es)

RadarVUT es un servicio de información normativa sobre el alquiler de viviendas de uso turístico en España. Recopilamos, estructuramos y mantenemos actualizada normativa pública (estatal, autonómica y municipal) y la presentamos de forma orientativa aplicada a la dirección que el usuario consulta.

RadarVUT no presta asesoramiento jurídico, no es un despacho de abogados ni una gestoría, y sus diagnósticos no constituyen dictamen legal ni sustituyen la consulta a un profesional colegiado o a la administración competente. Cada resultado indica su fuente normativa y la fecha de última verificación.

3. Limitación de responsabilidad

Trabajamos para que la información sea exacta y esté al día, pero la normativa cambia con frecuencia y su aplicación depende de circunstancias particulares de cada inmueble que RadarVUT no puede conocer (título constitutivo, estatutos de la comunidad, situación urbanística específica, etc.). El titular no se hace responsable de las decisiones adoptadas por el usuario basándose exclusivamente en la información del servicio, ni de daños derivados de errores, omisiones o desactualizaciones de la información, dentro de los límites permitidos por la ley.

4. Uso permitido

El usuario se compromete a usar el servicio de forma lícita. No está permitido el scraping masivo, la reventa de los datos del servicio ni su reproducción sistemática sin autorización escrita del titular.

5. Propiedad intelectual

La marca RadarVUT, el diseño del sitio y la estructura y presentación de la base de datos normativa son titularidad de Pow Partners S.A.. Los textos normativos citados son de dominio público; su selección, estructuración y anotación constituyen una base de datos protegida.

6. Ley aplicable

Estas condiciones se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales que correspondan conforme a la normativa de consumidores aplicable.